Ley federal de Radio Y Televisión y de Telecomunicaciones, (Peyorativamente) llamada “Ley Televisa”.
Por Javier Valero*
Esta es una síntesis de La Ley de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, haciendo hincapié de que no es todo y la información sobre la ley se sigue generando, debe ser del interés de comunicólogos, sociólogos, abogados, politólogos, historiadores, filósofos y aquellos que se vean perjudicados y agredidos por las decisiones de los diputados y senadores que elegimos y ahora sólo aplican leyes a favor de ellos y las televisoras líderes en nuestro país.
Esto es un llamado a que todo aquel que en verdad sienta que es universitario lo demuestre, informándose de los problemas que aquejan a nuestro país y, así, actúen en consecuencia de la información que obtengan. Les recuerdo a los lectores de este articulo, que ésta información que leerán, no la encontrarán ni en la televisión, ni en Radio y sólo algunos periódicos y revistas le ceden algún espacio, lo más importante es que compañero “Universitario, analices y critiques también tus fuentes de consulta” ya que la información sufre una manipulación que al final pierde credibilidad. ¡Si la información no llega, búscala!
Antecedentes: ¿Por qué no cambio la Ley de Radio y televisión en 46 años?
Tal como ahora, la Ley fue elaborada en 1960 por los empresarios de la televisión y desde 1980 a la fecha, diversas instancias han intentado cambiarla, encontrándose con la oposición férrea de los empresarios que se han opuesto y presionado al gobierno Federal para que no se hicieran modificaciones.
Los artículos constitucionales 6º y 7º que hablan sobre la libertad de expresión y el derecho a la información han sido objeto de movilización social, pugnando por leyes reglamentarias que garanticen plenamente el ejercicio de estos derechos. En 1980 hubo intentos en la Cámara de Diputados por cambiar la Ley de Radio y Televisión, y en 1997 se propuso una ley de comunicación social a la que se conoció como " Ley Mordaza", en ambos casos, los medios comerciales se opusieron y presionaron para evitarla.
En el 2001 más de mil 200 organizaciones pidieron al presidente Vicente Fox cambiar la ley, por lo que en el 2001 se instaló la Mesa de Diálogo para la Reforma Integral de los Medios de Comunicación en la que durante ocho meses, participaron organizaciones sociales, partidos políticos, legisladores, medios comerciales, medios de Estado y gobierno, no obstante, el presidente Fox haciendo caso omiso de este intenso proceso de diálogo, acordó de manera bilateral con los dueños privados de los medios, cambiar sólo el reglamento de la Ley a través de un decreto el llamado "decretazo" a través del cuál, redujo los tiempos que tienen que pagar los medios privados al Estado mexicano por explotar un bien de la nación como lo es el espectro radioeléctrico.
¿Por qué se le conoce como “Ley Televisa”?
Porque Javier Tejado Dondé, abogado de Televisa, es el autor y operador de la recientemente aprobada Ley de Radio y Televisión. Es conocido que Tejado Dondé impulsó esta Ley para su aprobación junto con su ex trabajador Javier Orozco (diputado por el partido verde ecologista y presidente de la Comisión de Radio Televisión y Cinematografía en la Cámara de Diputados).
El problema
Desde 2002 cuando se dio el “decretazo”, las organizaciones sociales entregaron al Senado una propuesta de Reforma Integral de la Ley. Durante dos años se trabajo en el Senado para tener una Ley sobre esa propuesta, la cual siempre fue parada por los Senadores y finalmente congelada por presiones de los cabilderos a favor de Televisa.
Repentinamente, la Cámara de Diputados el --1º de diciembre-- aprobó la propuesta reforma a la Ley de Radio y Televisión y la Ley de Telecomunicaciones para incluir el tema de nuevas tecnologías. Los diputados la aprobaron en siete minutos, ahora confirman que ni siquiera la leyeron. Lo cierto es que, se filtró a la prensa que hubo una negociación con los principales candidatos a la Presidencia de la Republica para que aprobarán la Ley a cambio de que Televisa diera mejores tarifas y cobertura a sus campañas.
El mismo diciembre de 2005 hubo intentos de los Senadores para aprobarla la Ley, pero el gran rechazo público los obligó a detenerse y abrir un periodo de consultas, ante la presión de muchas instituciones, organizaciones, medios de comunicación y especialistas en el tema. Así, en febrero de 2006, al inicio del periodo de sesiones, llamaron a 56 organizaciones, instituciones y expertos a ofrecer su opinión; de los convocados sólo 12 directamente ligados a Televisa defendieron la minuta.
Se publicaron desplegados en la prensa en contra de la Ley. Los principales columnistas de periódicos externaron su opinión, también en contra, incluso los Senadores aceptaron que la Ley estaba mal y justificaron su posición a favor, argumentando que “es mejor que la que tenemos”.
El 21 de marzo, de manera sorpresiva la Comisión de Comunicaciones y Transportes se reunió para aprobar la Ley en lo que se esperaba como un “albazo”, sin embargo, la presión de los medios públicos, comunitarios, organizaciones sociales y sindicales que nos manifestamos fuera de sus oficinas, les obligó a suspender la reunión.
Trascendió que Josefina Vázquez Mota habló con Felipe Calderón sobre la necesidad de aprobar la Ley para “remontar” la campaña por lo que el presidente del PAN dio línea a todos los senadores para que aprobaran la Ley y de esta manera unirse a la negociación que ya había hecho Roberto Madrazo en el mismo sentido. No obstante, algunos senadores del PAN y del PRI decidieron estar en contra de la línea de sus partidos.
Como nunca antes en nuestro país, el día de la aprobación del dictamen, (28 de marzo) medios públicos y comunitarios, sindicatos, organizaciones sociales, ciudadanos, universitarios y líderes de opinión, hicieron una concentración fuera del recinto legislativo para exigir a los Senadores que no aprobaran la minuta de la Ley. Después de seis horas de discusión, 81 senadores votaron a favor de la Ley, 40 en contra y 4 su abstuvieron.
Llamó la atención que sólo ocho Senadores subieron a la tribuna para defender la Ley y los demás, sólo alzaron la mano para cumplir la línea de sus partidos.
Finalmente, queda claro que ganó el poder fáctico de Televisa, con la promesa que hicieran al PRI Y PAN de levantar sus campañas. Se evidenció de inmediato este hecho cuando solo un día después de aprobada la ley de Radio y Televisión, Televisa difundía que López Obrador ya había perdido dos puntos frente a Felipe Calderón.
Las fallas de la Ley aprobada
No reconoce a los medios públicos, ni a los comunitarios, ni les da oportunidades de financiamiento, por lo que no tendrán recursos para la convergencia tecnológica, que es millonaria, y los condena a desaparecer en unos años; dejando sin servicio a comunidades indígenas, campesinas y urbanas marginales. Desparecería todos los medios educativos y de uso social. Se contraviene el artículo 2º constitucional que dice: “que los pueblos indígenas tienen derecho a operar sus propios medios de comunicación”.
No obliga a los medios privados concesionados a pagar al Estado dinero por explotar un bien de la nación con el uso de las nuevas frecuencias por cambio tecnológico, con ello el Estado estará regalando cerca de 70 mil millones de dólares a Televisa y TV Azteca.
La ley actual dice la que la radiodifusión es de interés público, la Ley aprobada olvida esta definición y sólo la deja como transmisión de señales, con ello se omite toda la función social de los medios.
El principal criterio de la licitación es la subasta ascendente, esto es darle la frecuencia al mejor postor, y esos serán sólo los grupos económicos más poderosos, por ello favorece los monopolios, contraviniendo el artículo 28 de nuestra constitución que prohíbe los monopolios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que os monopolios en medios de comunicación atentan contra la democracia, porque solo ofrecen una oferta de información y niega el derecho a la información.
Propone un supuesto órgano regulador que será “autónomo”, pero no es cierto pues no le da facultades para operar, y además, no pone ningún candado para que los que vayan a ser comisionados no estén directamente trabajando en los medios privados o en otras áreas directamente relacionadas, con ello le quita la rectoría al Estado sobre un bien nacional contraviniendo el artículo 27 constitucional que dice: que “el espectro es un bien nacional”. Estos comisionados podrán estar hasta por 16 años en el puesto, así que ahora Televisa pude asegurar a su gente ahí presidente tras presidente, sin que pueda meter las manos.
La Cofeco, el IFE, la Cofetel, la CDI reconocen que esta Ley fomenta el monopolio y que omite la función social de los medios además de no tomar en cuenta ninguna de sus observaciones.
Por ultimo, el jueves 4 de mayo, los Senadores entregaron la acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia. Esta fue la ultima acción que se puede hacer para echar abajo esta Ley, ahora, tenemos que soportar la telé-basura de las empresas Televisa y TV Azteca por lo menos durante 16 años, esto significaría un retroceso a la libre expresión, a la educación, a la cultura y todas las repercusiones que puede tener el hecho de crecer con unos medios manipulados por los dupolios televisivos de la mano del próximo presidente de México sea quien sea.